Monopolios y oligopolios en comunicación

Para estar al tanto .....

COMUNICADO

Montevideo, 08 de febrero de 2013

Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de
comunicación conspiran contra la democracia
La llegada de la Televisión Digital es una oportunidad real para democratizar la comunicación y
permitir el ingreso de nuevos actores en tres sectores diferenciados de la televisión abierta y
gratuita: públicos, comerciales y comunitarios. Es una oportunidad única para diversificar las
opciones televisivas, históricamente dependientes del oligopolio que, en diversas formas, han
mantenido los canales 4, 10 y 12 desde los inicios de este servicio en Uruguay.

Sorpresivamente, a poco más de un mes del vencimiento del plazo para que quienes aspiran a
obtener una licencia para la televisión digital presenten sus propuestas, el Poder Ejecutivo
mediante Decreto del 23 de enero suspendió por tiempo indefinido el llamado a interesados
que había abierto con el ya discutible Decreto del 31 de diciembre de 2012, alegando que
algunos interesados, que no fueron identificados, solicitan más plazo para presentar una
propuesta.


Este decreto se suma a una serie de vaivenes en torno a la política de comunicación impulsada
desde el Poder Ejecutivo, que comenzó con un ambicioso plan de acción destinado a cumplir
con el programa de gobierno, que postulaba la democratización de las comunicaciones.
En el primer año de gobierno se estableció un Comité Técnico Consultivo (CTC) para elaborar
las bases de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) conformado en forma
amplia y plural. Fue una experiencia exitosa, acordándose bases para una ley que apunta a un
mayor pluralismo, diversidad, producción nacional y equilibrio en los derechos de los medios y
las personas. No obstante, cuando este colectivo estaba por redactar el informe final tras cuatro
meses de trabajo, el presidente de la República hizo declaraciones públicas en el sentido de
desestimar este aporte, algo que luego él mismo relativizó. Hasta el presente el proyecto de ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual no ha sido enviado desde el Ejecutivo al
Parlamento.

Poco después, el Ejecutivo se abocó a redactar y aprobar el decreto para regular la transición a
la televisión digital abierta, bajo estándares de pluralismo, transparencia y diversidad. La
aprobación del decreto, tras una consulta pública poco frecuente en estos temas en el país,
supuso un avance democrático, porque habilitó el camino para diversificar los actores y romper
por primera vez el oligopolio histórico.

El 31 de diciembre último, tras presiones de los canales privados, ese decreto original fue
modificado por el Poder Ejecutivo, a través de un nuevo decreto que estableció procedimientos
distintos para asignar canales a los interesados, según sean los actuales titulares o nuevos
interesados. A los actuales titulares se les podrá asignar en forma directa un canal de 6 Mhz.
(que otorga la posibilidad de emitir varias señales y brindar servicios interactivos) en atención a
sus “antecedentes”, simplemente aceptando las nuevas condiciones que todos deberán
respetar. Los operadores establecidos desde hace 50 años no deberán pasar por un concurso
abierto, no competirán con otras propuestas, no comparecerán a una audiencia pública como
los restantes operadores no serán evaluados por la Comisión Asesora Independiente que
interviene en estos temas y tendrán asegurado una cantidad de señales y de servicios mucho
mayor a las que hoy brindan. Los nuevos interesados sí deberán acudir a un proceso
competitivo con un plan comunicacional. Lo mismo ocurre con los canales comunitarios, que
deberán pasar por un proceso competitivo similar al que están sometidas actualmente las
radios comunitarias.

Cuando pensamos que con estos cambios finalmente iríamos a un concurso público
restringido, el Poder Ejecutivo suspende el procedimiento por tiempo indefinido sin mayores
explicaciones, lo que ha producido una serie de especulaciones nunca aclaradas. ¿Se trata de
una nueva presión de los tres canales instalados sobre un gobierno democrático? ¿Hay actores
ocultos que están solicitando tiempo para construir una ingeniería de testaferros y así
presentarse al llamado?

Durante estos dos últimos gobiernos se ha ido avanzando en la legislación sobre libertad de
expresión, medios y derecho a la información. También se ha instalado un diseño institucional
que permita tener control ciudadano sobre un aspecto cada vez más influyente en nuestra
sociedad. No obstante, ante las recientes medidas del gobierno, se presentan nuevas dudas
sobre el futuro de la política de comunicación. ¿Se está desandando el camino que la sociedad
civil abonó y que el gobierno había empezado a construir? ¿Se postergará indefinidamente la
transición a la televisión digital y se privará a todas y todos los uruguayos de los avances
tecnológicos de la digitalización? ¿Los tres canales privados continuarán dictando la política de
comunicación que más les favorezca?

Ante esta situación de hecho, la Coalición por una Comunicación Democrática quiere recordar
que el Estado uruguayo tiene obligaciones internacionales que cumplir en orden a las
convenciones de derechos humanos, los estándares internacionales de libertad de expresión y
de diversidad cultural.

Como lo establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Convención
Americana de Derechos Humanos, "los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de
los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran
contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del
derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas
para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar
criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos
en el acceso a los mismos".

Solicitamos al Poder Ejecutivo revisar sus últimos decretos de diciembre y enero y realizar un
llamado público a interesados a operar en la televisión digital abierta y gratuita, tanto para el
sector comercial como para el comunitario, en igualdad de condiciones y sin límites de acceso,
como lo establecen los preceptos constitucionales y las convenciones internacionales de
derechos humanos.

Recordamos además que urge realizar estos llamados, dado que a fin de octubre vence el
plazo en que es posible realizar adjudicaciones (un año antes de las elecciones nacionales). De
lo contrario se postergará todo el proceso hasta 2015 y Uruguay perderá nuevamente la
posibilidad de iniciar la implementación de la televisión digital y de avanzar en la
democratización de las comunicaciones.

Coalición por una Comunicación Democrática